Unas 450 personas, entre ellas algunas que Amnistía Internacional consideró presos de conciencia, fueron detenidas por motivos de seguridad a lo largo del año. Muchas permanecieron en régimen de incomunicación durante largos periodos. Casi todas quedaron en libertad sin cargos, si bien al menos 40 fueron sometidas a juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos incumplen las normas internacionales de justicia procesal. Se denunciaron casos de tortura por parte del Departamento General de Inteligencia. Catorce personas fueron ejecutadas.
